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El Ejército mexicano exige al Congreso aprobar la ley que regula su actividad

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El Ejército mexicano solicitó nuevamente ayuda a las instituciones. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, insistió ante el presidente Enrique Peña Nieto en la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Seguridad Interior, una polémica norma que el PRI no ha podido sacar adelante en las cámaras ante las resistencias de la oposición. “[Requerimos] un marco jurídico no para otorgar beneficios o prerrogativas, sino para establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades que constitucionalmente son las responsables de brindar seguridad a los mexicanos”, dijo el general el lunes ante el mandatario en un evento de condecoración a más de 30.000 soldados.

La Ley de Seguridad Interior serviría de hoja de ruta para las decenas de miles de soldados que se encuentran en las calles de ciudades combatiendo a la delincuencia organizada en lugar de las policías locales. Ese marco jurídico, según el general Cienfuegos ayudaría a los militares a definir “con toda precisión, procesos y tiempos para que los militares regresemos a los cuarteles a cumplir con nuestros fines y nuestras misiones”. Los militares llevan más de una década haciendo estas labores de seguridad pública, desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Pero el tema se ha convertido en una prioridad legislativa hasta esta Administración del PRI. La iniciativa que pretende discutirse ha sido redactada por César Camacho, el líder del tricolor en la Cámara de Diputados.

Pero es precisamente ese texto el que ha sido rechazado por varios frentes, incluyendo varias organizaciones de la sociedad civil que temen que se perpetúe la militarización en México. Senadores del PAN y del PRD redactaron versiones de la misma ley. Camacho hizo una contrapropuesta incluyendo algunas de las inquietudes de la oposición. Entre ellas la definición de seguridad interior y la declaratoria de emergencia que llevaría a las fuerzas armadas a actuar durante un tiempo específico en todo el territorio o en alguna región del país durante una emergencia o afectación a la seguridad.

Camacho, expresidente del PRI, ha hecho reiterados compromisos para sacar adelante la ley. Una búsqueda rápida a la hemeroteca arroja que el diputado prometió aprobarla a finales de 2016. Otra promesa llegó en marzo. Abril sería la fecha fatal para que el PRI impusiera sus artes de la negociación e hiciera gala de su mayoría en ambas cámaras. Pero un obstáculo se veía en el horizonte: las elecciones de junio en el Estado de México, el bastión del PRI. Los líderes de la oposición aseguraron entonces que sería improbable un acuerdo antes de los comicios locales.

El PRI vio una nueva oportunidad en septiembre, en la apertura del último año de la presente legislatura. Llegó octubre y Camacho hizo un nuevo llamado a lograr un acuerdo “sin chantajes y sin actitudes que busquen dividendos cortoplacistas, partidarios” y “sin mezquindades”.

El panorama para lograr acuerdos en el Congreso sigue siendo lejano. Las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018 hacen muy complicado el desahogo de los pendientes del poder Legislativo. Muchos partidos sufren divisiones internas rumbo a la elección de sus candidatos dejando escaso margen de negociación en la Cámara. Organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos también han presionado al Frente Ciudadano, la alianza entre el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, para que no avale la propuesta del PRI. “Si cede ante las presiones y suscribe… estará decantándose como una herramienta más de la clase política para la lucha electoral”, asegura una carta abierta firmada por académicos y activistas.

Algunos legisladores, simpatizantes con el Frente, consideran que el mensaje de Cienfuegos no va dirigido al Congreso. En realidad lo interpretan más como una advertencia a los centenares de políticos que están por entrar en campaña y que sería un llamado para no dejar a las Fuerzas Armadas en la incertidumbre por un tercer sexenio consecutivo. En palabras dichas por Cienfuegos: “Es un pendiente de nuestra realidad democrática”.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS
Varios activistas y defensores de derechos humanos han realizado una intensa campaña en contra de la propuesta redactada por el PRI. Estos grupos argumentan que la ley viola la Constitución. En su opinión, el país debería atravesar un cambio de gran envergadura que transforme el sistema nacional de seguridad pública y finalice la limpia y mejora de los cuerpos de policía que operan en México. “Para muchos gobiernos locales es más fácil descargar su obligación constitucional en el Ejército que cumplir con sus responsabilidades”, afirma un colectivo formado por académicos y una veintena de organizaciones no gubernamentales.

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