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Proponen hacer ley la presentación de tres declaraciones

Nacional

(El Economista),- Ante el la creciente impunidad en México, organizaciones ciudadanas presentaron una iniciativa anticorrupción a través de la cual buscan herramientas de combate y sanciones, desde económicas hasta punitivas para todos por igual, desde empresas hasta políticos y funcionarios.

Bajo la propuesta de ley general de responsabilidades administrativas, organismos empresariales, académicos y ciudadanos pretenden reconstruir el sistema de responsabilidades administrativas para los funcionarios, que genere certidumbre y parámetros claros, pero también que involucre responsabilidades de las empresas que son partícipes de actos de corrupción.

Durante la presentación de la iniciativa ciudadana, conocida como ley tres de tres, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que ésta pretende hacer obligación el presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

Además de un marco único de responsabilidades para todo el país y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos. Mientras que las medidas preventivas están basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la corrupción representa al sector privado 2% del PIB, costo que están dispuestos a eliminar. Por ello, en conjunto con organizaciones como el Imco, CIDE, ITAM, Barra de Abogados, Causa Común, entre otros, impulsarán la suma de 120,000 firmas para que el Congreso la considere como prioritaria durante la presente Legislatura.

La politóloga Denise Dresser comentó que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de México, pues prolifera también en Brasil y muchas naciones, el problema es la impunidad en la que se permiten estos actos. “Aquí se premia en lugar de castigar…”, por ejemplo, abundó, Arturo Escobar o Fidel Herrera, que recibió un puesto de diplomático en España.

Este fenómeno creciente está estimado por el Banco de México y el Banco Mundial en 9% del PIB, equivalente a 347,000 millones de pesos al año, según el Inegi.

Frente a la fuga de dinero y el problema de impunidad que deriva, la sociedad civil plantea la creación de un registro nacional de servidores públicos sancionados, “una lista negra”, a fin de tener validez que surta efecto en la calificación de candidaturas a cargos de elección popular.

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