CASTAÑOS, Coahuila.- Un grupo de habitantes del Ejido Santa Cecilia, en el Municipio de Castaños, Coahuila, asfixió hasta la muerte a un osezno que se habría acercado a la población, aparentemente en busca de agua.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la inacción de los elementos de la Policía Municipal que aparecen en las imágenes que circulan en internet.

Los mismos ejidatarios publicaron en redes sociales la «captura» del oso, al cual lazaron con una cuerda, ataron de sus patas y le obstruyeron las vías respiratorias hasta causarle su muerte.

Medios locales informaron que el osezno, de unos 30 kilos de peso y unos 4 meses de edad, se acercó a la zona poblada, lo que generó la alerta de los vecinos.

De acuerdo con algunas versiones, los vecinos de Santa Cecilia ataron al osezno y lo arrastraron hasta que llegaron los policías municipales, quienes, según las imágenes, observaron la acción sin intervenir.

En un video que circula en redes se ve el cadáver del osezno atado de sus cuatro patas sobre el terreno.

Arturo Islas, defensor de animales, llamó a la Profepa y al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a tomar acciones contra los ciudadanos y los policías ante la agresión al osezno.

ALISTAN DENUNCIA PENAL CONTRA AGRESORES

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) prepara una denuncia penal contra quienes resulten responsables por la muerte del osezno de unos 4 meses de edad en el ejido Santa Cecilia, en Castaños.

En un comunicado, la Profepa informó que colabora con la autoridad responsable para aportar los posibles delitos en los que incurrieron las personas que asfixiaron al animal.

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Los responsables podrán ser acreedores a una pena en prisión y una multa económica».

El Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, condenó el maltrato que sufrió el oso, una especie protegida en el País.

Reprobamos enérgicamente las indignantes acciones de quienes participaron en el maltrato y muerte de un ejemplar de oso negro, en el Municipio de Castaños».

El Mandatario dijo que tanto la Profepa como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, así como la Fiscalía General del Estado, están a cargo del caso.