LIMA.- El gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México en ese país y le dio 72 horas para que abandone el territorio peruano luego de que el Gobierno mexicano diera asilo político a la familia del destituido presidente peruano Pedro Castillo.

La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Gervasi, aseguró la decisión de pedir al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa que se retire del territorio peruano se tomó “por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país” sobre la situación política del Perú que constituyen ‘injerencia’ en nuestros asuntos internos. Son, según la ministra, “violatorias del principio de no intervención”.

Gervasi adujo que esta medida se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La respuesta de México llegó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que emitió un comunicado en el que anunciaba que el Gobierno había instruido a su embajador a regresar al país para “resguardar su seguridad e integridad física”. Su legación diplomática quedará a cargo de la primera secretaria Karla Ornelas Loera.

Encuentro esa decisión infundada y reprobable”, afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, al rechazar la medida, y dijo, en un mensaje de su cuenta de Twitter, que la conducta del diplomático “ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención”. Ebrard descartó cambios en la posición de México ante la crisis de Perú.

La ministra peruana confirmó que se dio el salvoconducto a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores, para cumplir con las obligaciones sobre asilo político de la Convención de Caracas, después de que México otorgara esa protección diplomática a Pedro Castillo tras la pérdida del cargo del exmandatario.

Comunicó a México que Paredes es investigada por la Fiscalía de Perú por presuntos delitos de corrupción y que pedirá su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.

Según la Fiscalía, Paredes integró una organización criminal con Castillo y otros familiares para aprovecharse de recursos del Estado peruano.

La decisión sobre el destino del embajador Monroy Conesa se da un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se manifestara a favor de que se realicen prontas elecciones en Perú para que se logre una salida a la crisis que enfrenta el país andino.

Las relaciones entre México y Perú se han tensado en los últimos días tras las declaraciones que ha realizado López Obrador en apoyo al presidente destituido y detenido a inicios de diciembre. A Castillo se le investiga en Perú por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La Cancillería peruana anunció el 15 de diciembre que llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en protesta por lo que consideró como “intromisión en los asuntos internos” de ese país.

La decisión se dio luego que los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder el año pasado. Exhortaron al país andino a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas. La Cancillería peruana también convocó el 9 de diciembre al embajador Monroy Conesa para manifestarle el rechazo del gobierno de Boluarte por las expresiones de las autoridades mexicanas.