CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema penal mexicano está en entredicho. La pena que podría alcanzar una adolescente que golpeó con una piedra en la cabeza a su compañera, a la que hacía bullying y que falleció días después de ser dada de alta de un hospital ha levantado polémica.

Y es que la estudiante de tercer grado, en la Secundaria Oficial 0518, anexa a la Normal ubicada en Teotihuacán y acusada de asesinato, podría pasar de 6 meses a 15 años bajo arresto y al terminar su pena no tendría antecedentes penales.

Para quienes vieron el video en el que la adolescente Norma Lizbeth es golpeada de manera brutal con una piedra, la pena es insuficiente.

Como resultado, Norma Lizbeth sufrió traumatismo craneoencefálico.

Este lamentable suceso coloca a Norma Lizbeth como el más reciente caso de una víctima de bullying, y uno de los primeros con un desenlace fatal en la región. La estudiante había comentado a su familia sobre el acoso escolar que sufría por parte de sus compañeros, y había informado a maestros y directivos de la secundaria al respecto, quienes simplemente ignoraron la situación.

El 21 de febrero, Norma Lizbeth fue retada a sostener una pelea. Una de sus compañeras la citó a unos metros del plantel, y ella acudió con la intención de llegar a un acuerdo y poner fin a las agresiones. Sin embargo, en el lugar ya la esperaban su rival y varios otros estudiantes del plantel. La víctima fue orillada a pelear y, entre los gritos de “¡dale!, ¡dale!”. Sufrió varios golpes en la cabeza con una piedra.

Lo más preocupante es que el material de este terrible incidente fue grabado por varios de los testigos presentes, quienes vieron caer a la joven y no hicieron nada por evitar que siguiera recibiendo más castigo. Este caso ha generado gran indignación en la comunidad y ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de las autoridades escolares en el manejo del bullying y la seguridad de los estudiantes.

En México, la ley establece que los menores de edad que cometen delitos son sujetos a un sistema especializado en justicia para adolescentes, que tiene por objetivo proteger sus derechos y su desarrollo integral, así como también asegurar que se les trate de acuerdo con su edad y madurez.

El sistema contempla sanciones que van desde la reparación del daño causado hasta la privación de libertad en casos graves. Sin embargo, la privación de libertad se considera como medida de último recurso y solo se impone en casos extremos.

Las sanciones que se aplican a los menores de edad que cometen delitos pueden incluir:

Orientación y asesoría para el desarrollo personal y social del adolescente.

Servicio a la comunidad, consistente en actividades que tengan como objetivo la reparación del daño causado a la víctima o a la sociedad en general.

Libertad asistida, que es un régimen en el que el menor es supervisado por un equipo multidisciplinario, que lo apoya en su proceso de reinserción social.

Internamiento en un centro especializado, en casos graves en los que se considera que el menor representa un peligro para sí mismo o para la sociedad.

Es importante destacar que, en todos los casos, se busca el bienestar y la reintegración social del menor, para que pueda tener una segunda oportunidad y no vuelva a cometer delitos.

Casos como el homicidio cometido por una joven de 14 años pueden causar polémica en la sociedad, pues ponen de manifiesto la importancia de contar con un sistema de justicia para adolescentes que garantice la protección de los derechos de los menores y al mismo tiempo proporcione medidas adecuadas y efectivas para prevenir la comisión de delitos y fomentar su reintegración social. Y lo más difícil, brindar justicia a las familias de las víctimas.

El sistema de justicia para adolescentes en México se basa en un enfoque de justicia restaurativa, que busca la reconciliación entre la víctima y el delincuente, la reparación del daño causado y la reintegración social del menor. Este enfoque está diseñado para prevenir la reincidencia y promover la recuperación y reinserción social del adolescente. Sin embargo, en casos graves como el homicidio, es necesario que se investigue a fondo y se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso y las condiciones del menor.