CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró la ficha roja contra la esposa, hermanos y presuntos cómplices de Genaro García Luna, para que sean buscados en más de 190 países por casos como el de los supuestos desvíos de más de 5 mil millones de pesos en contratos de las prisiones federales.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex secretario de Seguridad Pública Federal, preso en una cárcel de Nueva York por sus nexos con el narcotráfico, tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México por diversos delitos.
En el tercer y último expediente judicializado, el de los presuntos desvíos en el sistema penitenciario, también se giraron las capturas contra Linda Cristina Pereyra Gálvez y Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, la primera de ellas esposa y los demás hermanos el ex titular de la SSPF. Ninguno de estos familiares ha sido detenido.
La FGR cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en contra de Genaro «G», su esposa y varios hermanos, emitidas por jueces federales, por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos».
Varias de esas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fugaron del país en su momento. Y se han asegurado diversos bienes inmuebles, bloqueando las cuentas bancarias de los involucrados», dijo la dependencia.
La Fiscalía agregó que está tramitando con carácter de urgente las más de 60 órdenes de aprehensión contra los cómplices del ex mando policíaco, para obtener, en su caso, la extradición de quienes se encuentran fuera del País.
Del mismo modo, son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la UIF está siguiendo en Miami, Florida, para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares», añadió.
Sobre los mandamientos de captura contra García Luna, recordó el primero es el caso «Rápido y Furioso», en el que se introdujeron ilegalmente al país armas «que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia».
La segunda orden de aprehensión es por un presunto daño patrimonial de más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de 8 penales federales «privatizados», caso en que el gobierno ha logrado revertir la mayor parte de dichos perjuicios.
La tercera orden de captura fue librada cobra el exsecretario de Estado y otros 60 implicados por lavado de dinero y peculado, por la adjudicación de 10 contratos de equipamiento de las cárceles federales, que supuestamente ocasionaron un daño de 5 mil 112 millones de pesos a las arcas públicas.