MIAMI.- El gobierno del presidente Donald Trump reactivará una norma que podría negar la tarjeta de residencia permanente (green card) a inmigrantes que hacen uso de beneficios públicos, entre ellos cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda, entre otros.

La política, conocida como “carga pública”, apareció en el Registro Federal. Se publicó formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. En virtud de la medida, los solicitantes de la residencia permanente deben demostrar que no serán una carga para el país.

La política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como parte de las medidas de Trump para limitar la inmigración legal durante su primer mandato, pero la directriz fue anulada durante la gestión del demócrata Joe Biden.

Su regreso se produce mientras el gobierno aplica medidas agresivas para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y en momentos en que los costos de la atención médica y los alimentos van en aumento.

El gobierno federal “está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses”, señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en su cuenta de X.

Durante el gobierno del presidente Trump, el USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos”, añadió.

Aunque la ofensiva contra la inmigración pone un mayor énfasis en las detenciones y deportaciones en ciudades de todo el país, y en fronteras y puntos de entrada, también ha incluido medidas contra inmigrantes legales y familias de estatus mixto, en las que los padres son ciudadanos extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.

La ley federal ya exige que los aspirantes a la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la nueva medida amplía los motivos de descalificación.

La nueva política no describe ni especifica los beneficios y programas que podrían considerarse una carga pública. En su lugar, señala que los agentes encargados de implementar la medida harán “determinaciones individuales y de hechos específicos de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.